Después de ostentar el dudoso honor de poseer el record de violencia urbana durante más de treinta años, dos ciudades colombianas han logrado una transformación radical en sus políticas públicas para combatir este flagelo y hoy día son una referencia mundial en el tema. El índice de violencia urbana, que rayaba la insólita cifra de ochenta homicidios por cada cien mil habitantes hacia finales de los años ochenta, bajó a veintidós en el año 2011.
Si bien el tráfico de estupefacientes y el empleo de mercenarios y sicarios para saldar cuentas han sido reiteradamente identificados como las causas raíz de la violencia, una cultura de violencia se desarrolló a partir de la banalización de la vida humana, la resignación de la sociedad civil, la corrupción en todos los niveles gubernamentales y corporativos y la incompetencia de los gestores públicos. No parecía haber salida y el problema se agravaba día a día. En 1993 alcanzó su nivel más alto, y también entonces comenzó su descenso.
Tres grandes acontecimientos marcaron esta caída. El primero fue la elección de una cohorte de alcaldes competentes y sensibles, convencidos de que el problema de la violencia tenía una solución. El segundo fue que estos líderes y sus equipos de trabajo comprendieron que la ciudad tenía que emprender acciones integradas para reducir la violencia. Y la tercera fue una gestión política eficiente y transparente aliada a una fuerte participación ciudadana.
Las nuevas autoridades de Pernambuco y de la ciudad de Recife fueron testigos del cambio en Medellín y Bogotá y decidieron que la realidad de Recife tendría que cambiar. En el 2010, Recife presentaba la sombría marca de ser la capital más violenta de Brasil, con cerca de cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes. El nuevo equipo gerencial aprendió la lección de Colombia y agregó actividades de su propia creación para mostrar un descenso significativo de la violencia en un tiempo relativamente corto. Hacia finales de 2012, la ciudad muestra un índice de treinta y cuatro homicidios por cada cien mil habitantes. El progreso resulta impactante aunque la cifra es aún muy elevada, si la comparamos con cifras europeas.
La creación de una unidad estratégica intersectorial y un pacto social contra la violencia (Pacto pela Vida) fueron el primer paso para movilizar a ciudadanos y a autoridades de los diferentes sectores del Estado, particularmente del área metropolitana de Recife, para realizar un seguimiento diario de la evolución de la violencia y del impacto de estas medidas de erradicación. Los jueves de cada semana, se reúnen todas las autoridades bajo el liderazgo del secretario de Seguridad Ciudadana. Frente a una muralla de pantallas, con los datos intersectoriales más relevantes de la ciudad, cada uno de los gestores públicos explica las acciones realizadas, y el éxito o fracaso de éstas, para reducir el número de homicidios y otros tipos de violencia en los territorios bajo su responsabilidad.
Nuevas ideas van emergiendo, y la ciudad de Recife está dispuesta a ponerlas en práctica para hacer de ella una de las más seguras de América Latina.
La violencia no es inevitable, pero se requiere voluntad política, gestión pública transparente y participación ciudadana para demostrarlo.
